No podrán huir de la Corte Interamericana

La forma como el gobierno chavista se ha relacionado con  los organismos internacionales encargados de proteger los derechos humanos, resume muy bien su incultura cívica y democrática, su desprecio por los principios fundadores del Estado de derecho y de la vida civilizada.

En este tema, el de la protección y garantía de los derechos humanos como fin primordial y constitutivo del Estado moderno, Venezuela ha sido regresada por este gobierno “revolucionario” a los peores momentos del siglo XIX.

Prueba de lo expresado anteriormente es la guerra que el Estado venezolano le ha declarado a los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Primero, la vergonzante Sala Constitucional declarando inejecutables las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana, con argumentos que harán pasar a la historia a Cabrera Romero, como uno de los más dañinos magistrados que ha tenido la República. Hay que ver el daño inmenso que la Sala Constitucional le ha provocado a la cultura jurídica venezolana.

Y segundo, la campaña sistemática de la Presidencia y la Cancillería, tratando de hacer ver a la Comisión y la Corte interamericanas, como herramientas de ataque del imperio gringo, cuando la realidad es que no soportan que se le demuestre su estado primitivo en materia de protección de los derechos humanos.

Es claro que el gobierno chavista quiere sacarse de encima un órgano de control internacional que no han podido mediatizar y corromper, como lo han hecho con el Tribunal Supremo y Ministerio Público venezolano. No soportan que se le muestre su atraso, su autoritarismo, su conducta incivilizada, y pretenden refugiarse en las cavernas predilectas de los autócratas y tiranos: la patria, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ahora quieren darle la estocada final al Sistema de Protección Interamericana: denunciar la Convención o tratado que lo crea y lo desarrolla.

Denunciar un tratado internacional es manifestar la voluntad de desligarse de sus disposiciones, huir de las obligaciones que se adquirieron desde su firma y suscripción. No obstante, la denuncia de tratados internacionales contentivos de derechos humanos no es tan fácil.

Y no es fácil que este gobierno huya del Sistema Interamericano, porque de acuerdo con la Constitución vigente, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Es decir, la misma Constitución dispone que el contenido de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, tiene rango constitucional. Los órganos del Sistema Interamericana de los que venimos hablando (Comisión y Corte), a los efectos internos y de acuerdo con nuestro Derecho Constitucional, son órganos constitucionales. ¿Cómo se elimina un órgano constitucional o se deroga una norma de esta misma índole? Básico: mediante la modificación de la constitución que en Venezuela debe ser aprobada en referendo popular.

¿Puede el Estado venezolano libremente proceder a denunciar la Convención Interamericana? Con margen de duda, podemos decir que sí, de acuerdo con el Derecho Internacional Público. Pero, para poder hacerlo con efectos legítimos en el Derecho Interno venezolano, debe primero hacer modificar la Constitución y quitarle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. En específico debe modificar o eliminar el artículo 23 del Texto Magno, entre otros.

No podemos dejar de decirlo: de acuerdo con el Derecho Constitucional más avanzado no se puede eliminar una disposición como la contenida en el artículo 23 del texto constitucional (principio pétreo), por el principio de la progresividad en materia de derechos fundamentales, pero aún cuando no querramos avanzar en civilización, la modificación de la Constitución como acto previo a la denuncia de la Convención, es indispensable para que ésta tenga efectos en el ámbito interno.

Y dijimos que desde la arista del Derecho Internacional teníamos dudas de que la denuncia se pudiera hacer sin la previa modificación del Texto Magno, en vista de que las constituciones de los Estados modernos también son fuente del Derecho Internacional. Creemos que la misma Corte Interamericana, incluso órganos de protección del Sistema Universal, pudiera declarar ilegítima la denuncia de la Convención, por violar una norma del Derecho Constitucional venezolano que vincula internacionalmente al Estado. Tema un poco más complejo que no pretendo desarrollar aquí.

Es muy probable que este gobierno no se pare ante estos límite constitucionales, porque en su mentalidad primitiva, antimoderna y antidemocrática, estos límites son bagatelas sin importancia, vainas burguesas. Es previsible que los “genios” de la Sala Constitucional se inventen una argucia para despachar el tema.

Tal vez el gobierno termine denunciando la Convención, que para que tenga efectos debe transcurrir un año desde la denuncia, y todas los casos que se hayan presentado, con anterioridad en el Sistema Interamericano, seguirán su curso. Pero también es probable, que los venezolanos terminemos denunciando al gobierno y restablezcamos el orden en este asunto trascendente: la vigencia plena y progresiva de los Derechos Humanos.

No van lejos los que huyen, dicen.