La
forma como el gobierno chavista se ha relacionado con los organismos internacionales encargados de
proteger los derechos humanos, resume muy bien su incultura cívica y
democrática, su desprecio por los principios fundadores del Estado de derecho y
de la vida civilizada.
En
este tema, el de la protección y garantía de los derechos humanos como fin
primordial y constitutivo del Estado moderno, Venezuela ha sido regresada por
este gobierno “revolucionario” a los peores momentos del siglo XIX.
Prueba
de lo expresado anteriormente es la guerra que el Estado venezolano le ha
declarado a los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos. Primero, la vergonzante Sala Constitucional declarando
inejecutables las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana, con
argumentos que harán pasar a la historia a Cabrera Romero, como uno de los más
dañinos magistrados que ha tenido la República. Hay que ver el daño inmenso que
la Sala Constitucional le ha provocado a la cultura jurídica venezolana.
Y segundo,
la campaña sistemática de la Presidencia y la Cancillería, tratando de hacer
ver a la Comisión y la Corte interamericanas, como herramientas de ataque del
imperio gringo, cuando la realidad es que no soportan que se le demuestre su
estado primitivo en materia de protección de los derechos humanos.
Es
claro que el gobierno chavista quiere sacarse de encima un órgano de control
internacional que no han podido mediatizar y corromper, como lo han hecho con
el Tribunal Supremo y Ministerio Público venezolano. No soportan que se le
muestre su atraso, su autoritarismo, su conducta incivilizada, y pretenden
refugiarse en las cavernas predilectas de los autócratas y tiranos: la patria,
la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Ahora
quieren darle la estocada final al Sistema de Protección Interamericana: denunciar
la Convención o tratado que lo crea y lo desarrolla.
Denunciar
un tratado internacional es manifestar la voluntad de desligarse de sus
disposiciones, huir de las obligaciones que se adquirieron desde su firma y
suscripción. No obstante, la denuncia de tratados internacionales contentivos
de derechos humanos no es tan fácil.
Y no
es fácil que este gobierno huya del Sistema Interamericano, porque de acuerdo
con la Constitución vigente, los tratados internacionales de protección de los
derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Es decir, la misma
Constitución dispone que el contenido de la Convención Interamericana de los
Derechos Humanos, tiene rango constitucional. Los órganos del Sistema
Interamericana de los que venimos hablando (Comisión y Corte), a los efectos
internos y de acuerdo con nuestro Derecho Constitucional, son órganos
constitucionales. ¿Cómo se elimina un órgano constitucional o se deroga una
norma de esta misma índole? Básico: mediante la modificación de la constitución
que en Venezuela debe ser aprobada en referendo popular.
¿Puede
el Estado venezolano libremente proceder a denunciar la Convención Interamericana?
Con margen de duda, podemos decir que sí, de acuerdo con el Derecho
Internacional Público. Pero, para poder hacerlo con efectos legítimos en el
Derecho Interno venezolano, debe primero hacer modificar la Constitución y
quitarle jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. En
específico debe modificar o eliminar el artículo 23 del Texto Magno, entre otros.
No
podemos dejar de decirlo: de acuerdo con el Derecho Constitucional más avanzado
no se puede eliminar una disposición como la contenida en el artículo 23 del
texto constitucional (principio pétreo), por el principio de la progresividad
en materia de derechos fundamentales, pero aún cuando no querramos avanzar en
civilización, la modificación de la Constitución como acto previo a la denuncia
de la Convención, es indispensable para que ésta tenga efectos en el ámbito
interno.
Y
dijimos que desde la arista del Derecho Internacional teníamos dudas de que la
denuncia se pudiera hacer sin la previa modificación del Texto Magno, en vista
de que las constituciones de los Estados modernos también son fuente del Derecho
Internacional. Creemos que la misma Corte Interamericana, incluso órganos de
protección del Sistema Universal, pudiera declarar ilegítima la denuncia de la
Convención, por violar una norma del Derecho Constitucional venezolano que
vincula internacionalmente al Estado. Tema un poco más complejo que no pretendo
desarrollar aquí.
Es
muy probable que este gobierno no se pare ante estos límite constitucionales,
porque en su mentalidad primitiva, antimoderna y antidemocrática, estos límites
son bagatelas sin importancia, vainas burguesas. Es previsible que los “genios”
de la Sala Constitucional se inventen una argucia para despachar el tema.
Tal
vez el gobierno termine denunciando la Convención, que para que tenga efectos
debe transcurrir un año desde la denuncia, y todas los casos que se hayan
presentado, con anterioridad en el Sistema Interamericano, seguirán su curso.
Pero también es probable, que los venezolanos terminemos denunciando al
gobierno y restablezcamos el orden en este asunto trascendente: la vigencia
plena y progresiva de los Derechos Humanos.
No
van lejos los que huyen, dicen.
